La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia condenó este viernes a cinco exmilitares a penas que suman casi treinta años de trabajos restaurativos. El tribunal los considera responsables de 18 episodios que dejaron 35 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas, tras haber presentado a estos civiles como guerrilleros abatidos en combate.
Con duraciones que oscilan entre los cinco años y medio y los seis años y seis meses, estas sanciones propias suponen limitaciones reales de derechos y libertades bajo estrecha supervisión judicial.
Los condenados por esta trama de "falsos positivos" ocuparon cargos de mando en unidades militares del departamento noroccidental de Antioquia. Se trata de los oficiales Edie Pinzón Turcios, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, junto a los suboficiales Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas.
Creada tras los acuerdos de paz de 2016 con la ya disuelta guerrilla de las FARC, la JEP atribuyó a los cinco exmilitares distintos grados de responsabilidad en delitos de desaparición forzada, asesinato y homicidio en persona protegida.
La sentencia que corresponde al caso conjunto 03 y 04, conocido como Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, sanciona crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos entre 1997 y 2007 en ese municipio y otras localidades del noroeste de Colombia.
El tribunal precisó que el cumplimiento de las sanciones se traducirá en labores de desminado humanitario, dignificación de las víctimas, acondicionamiento de infraestructuras rurales y refuerzo del tejido productivo.
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"Las medidas estarán orientadas, entre otros objetivos, a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria y la transformación de los territorios afectados por la violencia", resumió la magistrada Diana Vega, vicepresidenta de la JEP.
Previamente a esta sentencia, los condenados tomaron parte en trabajos, obras y actividades con contenido reparador (TOAR) de carácter anticipado, entre los que figuraron acciones de sensibilización sobre minas antipersona, recuperación ambiental, mejora de escuelas y caminos, capacitación en género y pintura de murales de memoria.
La JEP recalcó que estas tareas constituyen un precedente de las sanciones restaurativas que los exmilitares deberán ejecutar a partir de ahora bajo vigilancia judicial.
Los denominados "falsos positivos" fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por agentes estatales, que hacían pasar a los fallecidos por guerrilleros muertos en enfrentamientos para simular éxitos en operaciones militares.
De acuerdo con los registros del tribunal, al menos 6.402 personas fueron víctimas de este mecanismo entre 2002 y 2008, durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).