Tal como proyectaban muchas de las encuestas, el Partido Republicano acaba de encajar en las elecciones intermedias una de las derrotas más severas para el partido del presidente en la historia moderna de Estados Unidos. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, calificó de forma dramática este resultado como un evento "casi de nivel de extinción" para su propio partido.
Como regla general en las elecciones de medio término, el partido del presidente pierde escaños en el Congreso, pero conserva sus bastiones geográficos. Sin embargo, en esta oportunidad, la oposición demócrata no solo conquistó el control de ambas cámaras del Congreso, sino que volcó la votación y logró siete escaños senatoriales en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Kansas e Iowa.
En la lógica del sistema político estadounidense, las elecciones intermedias le ofrecen al electorado la oportunidad de reequilibrar el poder dentro del Congreso y, con ello, modificar el balance del poder entre el gobierno y la oposición. La pérdida del control de ambas cámaras le otorga a la nueva mayoría demócrata en el Congreso una mayor capacidad de control y fiscalización sobre las políticas de la Casa Blanca.
Los efectos políticos de esta derrota y de este cambio en la correlación de fuerzas dentro del Congreso podrían impactar más allá de las fronteras estadounidenses. Especialmente en Venezuela, donde la administración Trump ejerce un fuerte tutelaje sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y sobre la dirección y los tiempos de la transición política.
Aunque en el ámbito de la política exterior, esta derrota no lo despoja de sus facultades constitucionales, sí limita su capacidad para implementar sus decisiones de forma unilateral. La interrogante es hasta qué punto este nuevo contexto de gobierno dividido podría afectar los planes de la administración Trump en Venezuela, así como modificar los incentivos de los actores involucrados en la transición.
Donald Trump se ve afectado en política interna en EE. UU. tras la nueva mayoría demócrata en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Influirá su probable debilidad de "pato rengo" también en la política exterior?Nathan Howard/Getty Images/AFP
La nueva correlación de fuerzas afecta radicalmente las reglas del juego político. Con el control de ambas cámaras, los demócratas podrán ejercer con mayor eficacia los mecanismos que la Constitución otorga al poder Legislativo para frenar, condicionar o bloquear decisiones del Ejecutivo. En esa dirección, el congresista demócrata Hakeem Jeffries, quien se perfila como el próximo presidente de la Cámara de Representantes, ha anunciado que la rendición de cuentas de la administración Trump será una de las principales prioridades de la nueva mayoría.
Una de las palancas más efectivas con que cuenta el Congreso para ejercer un contrapeso al Ejecutivo es el poder de investigación y fiscalización de las comisiones parlamentarias. A partir de enero de 2027, los comités y subcomités controlados por los demócratas podrán exigir a la administración Trump la entrega obligatoria de documentos, contratos, auditorías y otras informaciones. Igualmente podrán citar a funcionarios y empresarios a declarar bajo juramento en el marco de las investigaciones que adelanten.
Este cambio permitirá a legisladores demócratas que ocuparán posiciones clave proseguir, con mucho más respaldo institucional, las investigaciones sobre la política estadounidense hacia Venezuela iniciadas antes de las elecciones intermedias, varias de las cuales habían sido limitadas por la mayoría republicana.
Una de las figuras centrales será Robert García, probable presidente del poderoso Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes. García ha impulsado investigaciones sobre los contactos de la administración Trump con las grandes compañías petroleras y los posibles beneficios privados derivados de las operaciones en Venezuela. Esta línea de investigación alcanza al controvertido acuerdo con North American Blue Energy Partners (NABEP).
Mural en Caracas con torres de perforación petrolífera.Pedro Mattey/AP Photo/picture alliance
Investigaciones similares han sido promovidas por Gregory Meeks, quien probablemente presidirá el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. A comienzos de junio, Meeks, junto con la senadora Jeanne Shaheen, exigió a Marco Rubio un cronograma, hitos concretos y un calendario electoral para la transición venezolana. Por su parte, Joaquín Castro, quien podría dirigir el Subcomité del Hemisferio Occidental, ha venido exigiendo al Departamento de Estado, con resultados muy limitados, explicaciones y la entrega de los contratos, las comunicaciones oficiales y auditorías sobre los ingresos del petróleo venezolano administrado por Estados Unidos. Castro impulsó además una citación para obtener los registros del acuerdo con NABEP, pero los republicanos del subcomité bloquearon la moción.
El control del Senado también proporcionará a los demócratas importantes contrapesos a la política exterior de Trump. Chris Coons, posible presidente del Comité de Relaciones Exteriores, ya ha cuestionado la falta de consultas al Congreso antes de la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y respaldado iniciativas para limitar nuevas acciones militares. Por su parte, los senadores Jeanne Shaheen, Jack Reed, Martin Heinrich y Elizabeth Warren enviaron el 30 de septiembre una comunicación a los secretarios de Estado, Defensa y Energía exigiendo explicaciones sobre el acuerdo de NABEP, su fundamento jurídico y sus posibles beneficiarios, advirtiendo además que este acuerdo podría complicar los esfuerzos hacia una transición democrática.
La ofensiva demócrata no se limitará a las investigaciones parlamentarias. La nueva mayoría podrá bloquear designaciones del Ejecutivo que requieran la confirmación del Senado y utilizar sus facultades para imponer restricciones presupuestarias a determinadas decisiones de la Casa Blanca. Adicionalmente, según informó la agencia AFP, los legisladores demócratas preparan al menos dos proyectos de ley para restringir el uso de fondos públicos estadounidenses y limitar determinadas intervenciones de la Casa Blanca en los asuntos internos de Venezuela.
Si bien la fracción republicana podría recurrir al uso del filibusterismo en el Senado y Trump ya ha amenazado con aplicar su poder de veto legislativo —una barrera que los demócratas no pueden superar dado que exige el voto de dos tercios de cada cámara—, estas herramientas solo le sirven a la administración para frenar las leyes demócratas, no para impulsar su propia agenda.
Trump entra a este nuevo escenario de gobierno dividido en una posición particularmente vulnerable. Tras la severa derrota electoral e impedido constitucionalmente de aspirar a la reelección en 2028, corre el riesgo de ver acentuada su condición de presidente lame duck (pato cojo), con una capacidad decreciente para influir, negociar, amenazar y ofrecer recompensas políticas.
Esta debilidad se ha puesto en evidencia dentro del propio Partido Republicano, donde la disciplina partidista ha comenzado a mostrar algunos signos de debilidad. Las críticas posteriores a la derrota electoral mostraron que algunos dirigentes republicanos están dispuestos a distanciarse de Trump, una tendencia que podría acentuarse en la medida en que avancen las investigaciones parlamentarias y se aproxime la disputa por la nominación presidencial de 2028.
¿Hasta cuándo seguirá postergando la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la apertura política en el país?Juan Barreto/AFP
Para Venezuela, esta dinámica doméstica podría tener importantes consecuencias en su proceso de transición. Aunque esta derrota electoral no despoja a Trump de sus amplias facultades constitucionales en política exterior, sí encarece políticamente el avance de su estrategia en Venezuela.
La agenda de la Casa Blanca ha privilegiado mucho más los acuerdos económicos entre Miraflores y Washington que la apertura política, y hasta el momento no existe una fecha cierta para las elecciones presidenciales. A partir de enero de 2027, cuando se inicie la nueva legislatura en el Capitolio, la administración de Trump deberá explicar contratos, ingresos, compromisos económicos, políticos y militares en Venezuela ante un Congreso adverso, que, además, puede condicionar los fondos destinados a ese país.
Por otra parte, un presidente debilitado y un partido menos disciplinado podrían transmitirle al interinato de Delcy Rodríguez la idea de que, si mantiene de forma pragmática sus compromisos económicos con Washington, el costo de postergar aún más la apertura política no sería alto. Cuánto de eso ocurra dependerá de cómo decida actuar la mayoría demócrata sobre este tema.
(cp)