El hasta hace poco jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña, podría quedar bajo prisión preventiva. Al menos así lo pidió la Fiscalía este sábado 7 de noviembre, poco después de que el exmandatario compareciera ante la sede del ente acusador, en Asunción.
Los fiscales también solicitaron prisión preventiva para el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo.
La Fiscalía le imputó cargos al expresidente Peña por abuso de confianza, administración en beneficio propio y producción de documentos públicos de contenido falso, según detallan la prensa local y la agencia de noticias Reuters.
La decisión llega días después del colapso de Ueno Bank, lo que dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros.
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Lanzado en 2021, ueno es un banco digital paraguayo que experimentó un rápido crecimiento hasta alcanzar cerca de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes. La entidad, comparada con plataformas como Nubank, Revolut o Monzo, llegó a administrar unos 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos de instituciones estatales y organismos vinculados al sistema de pensiones. Sin embargo, su expansión quedó bajo sospecha por presuntos préstamos excesivos a empresas relacionadas con su principal accionista, el Grupo Vázquez.
La crisis estalló cuando el Banco Central de Paraguay detectó incumplimientos de los requisitos mínimos de solvencia y ordenó someter a la entidad a un proceso de resolución, lo que dejó temporalmente sin acceso a sus cuentas a millones de clientes. Entre los afectados figuran pensionistas e instituciones públicas. Las autoridades anunciaron la transferencia de los depósitos a otras entidades financieras y aprobaron medidas para agilizar la compensación a los ahorristas.
El escándalo adquirió dimensiones políticas por los antiguos vínculos comerciales del expresidente Santiago Peña con el Grupo Vázquez, participación que aseguró haber vendido en marzo de 2025. Aunque ueno sostiene que Peña nunca fue accionista ni inversor directo del banco, legisladores opositores denunciaron posibles conflictos de intereses y cuestionaron el manejo de los fondos públicos. La Fiscalía incluyó al exmandatario entre las personas investigadas y emitió órdenes de detención contra ocho ejecutivos de la entidad.
También quedó bajo escrutinio la actuación de los organismos reguladores, especialmente porque el entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, había dirigido anteriormente ueno. Carvallo renunció el martes, mientras la institución defendió que se había inhibido de participar en las decisiones relacionadas con el banco. Las dudas sobre la supervisión financiera, sumadas a las protestas de clientes y a la presión política, precipitaron la destitución de Peña y abrieron una nueva etapa de incertidumbre institucional.
Pese a la magnitud del escándalo, las autoridades sostienen que el problema está circunscrito a ueno y no representa una debilidad estructural del sistema bancario paraguayo. No obstante, la entidad también acumulaba unos 510 millones de dólares en financiación internacional, incluida una emisión de bonos de 350 millones en Wall Street, por lo que la crisis podría afectar la confianza de los inversores y la reputación financiera de Paraguay, que había conseguido posicionarse como una de las economías más estables de Suramérica.
Con Reuters y medios locales