Santiago Peña tuvo poco tiempo para reaccionar este 6 de noviembre. En unas pocas horas, pasó de pedir la aceptación de su renuncia (con lo que hubiera retenido el fuero parlamentario, librándose de ser procesado) a ser destituido por el Senado por sus vínculos con Ueno Bank, la entidad financiera cuyo cierre ha dejado en el limbo los ahorros de casi tres millones de paraguayos.
En apenas unas horas, Peña se convirtió en el segundo presidente destituido en la breve historia de la democracia paraguaya (luego del izquierdista Fernando Lugo en 2012), fue objeto de una orden de detención por parte de la Fiscalía -que la Policía Nacional ejecutó casi inmediatamente, imponiéndolo de la reclusión domiciliaria- y ahora está citado para declarar, a la espera de formulación de cargos.
Peña terminó el 5 de noviembre todavía como presidente en funciones, luego de que la falta de quórum en la Cámara de Diputados impidiera la consideración de su renuncia, que había presentado poco antes.
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Fue solo un alivio temporal: el Senado se constituyó en tribunal para decidir sobre un juicio político en su contra, mientras un grupo de diputados encabezados por Rocío Vallejo actuaban como fiscales, en un debate que se inició en la mañana del 6 de noviembre.
Peña no se presentó a la sesión y, en su lugar, designó al abogado Ricardo Preda para que asumiera su defensa ante el legislativo, que señalaba que Peña tenía conflictos de interés, manipulaba la supervisión regulatoria, desviaba fondos de pensiones y participaba en un encubrimiento institucional que involucraba al Banco Central.
El representante legal calificó de "estrepitoso fracaso" el escrito de acusación contra Peña, volvió a pedir que la renuncia fuera aceptada y pidió una prórroga de 72 horas para preparar la defensa, ante lo voluminoso del libelo de unas 300 páginas.
Ante la negativa del Senado, Preda amenazó con acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar que el presidente estaba siendo sometido a un procedimiento de destitución que no ofrecía garantías de debido proceso y legítima defensa.
Sin embargo, el Senado aprobó por unanimidad las pruebas promovidas contra Peña en el marco del juicio político, que pasó a ser celebrado en ausencia.
Así, la Cámara Alta procedió a la etapa de votación para definir su destitución por "mal desempeño de funciones", que fue avalada también sin disensos, por los 44 senadores presentes en la sesión, mientras una multitud celebraba afuera de la sede del legislativo cada vez que los parlamentarios notificaban su voto favorable.
Inmediatamente, el ahora expresidente publicó en X que había presentado su renuncia "para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay" y que no deseaba que su "presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad".
De esta forma, Peña siguió el camino de Fernando Lugo, un exobispo católico socialista que rompió brevemente el dominio de 60 años del Partido Colorado, hasta su desalojo del poder en 2012, luego de un controvertido juicio político que muchos gobiernos latinoamericanos y algunos europeos calificaron como una ruptura del orden democrático.
Inmediatamente después de la destitución de Peña, el presidente del Senado, Basilio Núñez, precedió a juramentar al vicepresidente Pedro Alliana, a quien el Congreso había desistido previamente de someter a juicio político.
De acuerdo con la legislación paraguaya, Alliana tiene ahora el mandato de completar el periodo de Peña, que expira en 2028, y capear la crisis política derivada del cierre del Ueno Bank.
En sus primeras palabras tras la posesión, Alliana, un militante del Partido Colorado que logró salvarse de ser arrastrado por la debacle, prometió compensar a los afectados por el "descalabro financiero".
El vicepresidente Pedro Alliana presta juramento ante el Congreso para completar el periodo del destituido Santiago Peña, que expira en agosto de 2028. Asunción, 6 de noviembre de 2026.
No es la primera vez que sale por muy poco de una situación difícil. En 2019, debió apartarse por 90 días de su escaño en la Cámara de Diputados debido a una agresiva leucemia.
La recuperación reforzó su fe católica y, al mismo tiempo, definió su decisivo acercamiento al expresidente y líder del Partido Colorado Horacio Cartes, quien costeó su tratamiento en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo.
De esta forma, 'Mangui', como lo llaman sus allegados, se confirmó como un verdadero "colorado", a diferencia del ahora destituido Peña, que se "asimiló" a las filas del movimiento dominante en Paraguay gracias a su carisma, procedente de las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Al ser objetivo de destitución, en lugar de aceptarse su renuncia, Peña quedó expuesto a ser procesado, y esa fue la siguiente movida que se produjo en el viernes más tortuoso de su vida política.
Una vez despojado de su fuero, la Fiscalía ordenó su detención por el delito de lesión de confianza. La solicitud fue emitida por los fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, que actuaron junto a la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos Ruth Karina Benítez.
Casi inmediatamente, la Policía Nacional notificó que la detención se había ejecutado, tras una visita a su residencia.
"Ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio", informó a periodistas un oficial que acudió a la casa de Peña para imponerlo de la medida.
Ahora, el destituido presidente ha sido citado para rendir declaraciones este 7 de noviembre, tras lo cual se formularán los cargos en su contra, que casi seguramente serán lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
La Fiscalía también pidió la captura de Carlos Carvallo, que fue director de Ueno Bank hasta 2023, cuando Peña lo designó al frente del Banco Central. No estaba claro si la detención se había ejecutado.
Pero el escrutinio más grande en contra del expresidente se da en las calles de Paraguay, donde manifestantes coreaban ayer "Santi Peña a Tacumbú", en referencia al mayor centro penitenciario del país.
"Esto fue una enorme traición a la confianza", se quejó ante la agencia AP Yinal López, trabajadora de la compañía eléctrica estatal, cuyo fondo de pensiones mantenía sus depósitos en Ueno Bank. "El presidente se burló del pueblo. Usaba su dinero, el dinero del pueblo, para hacer lo que quería".
Con AP, EFE, Reuters y medios locales