En septiembre de 2015, el diario británico Daily Mail reveló los primeros indicios de un grupo criminal extranjero que operaba en sitios turísticos de Quintana Roo. Las alertas motivaron una investigación de las autoridades mexicanas y estadounidenses. La organización fue denominada la mafia rumana y era encabezada por Florian Tudor, la cual obtuvo millones de dólares mediante la clonación de tarjetas.
La investigación del medio inglés, hecha por el experto en ciberseguridad Brian Krebs, señalaba que por lo menos 19 cajeros automáticos ubicados en la Riviera Maya estaban intervenidos con dispositivos que permitían el robo de los datos bancarios. La información robada era vendida con el fin de clonar tarjetas y efectuar compras por internet.
Los dispositivos colocados podían almacenar los datos de hasta 32 mil personas y se encontraban en cajeros de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, los sitios más visitados de Quintana Roo. En junio de 2020, otra investigación reveló que la organización criminal originaria de Rumania, en realidad, llegó a México desde marzo de 2014 y se extendió a otros estados como Jalisco y Guanajuato.
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Las tarjetas clonadas eran usadas para sacar dinero en otros países. Además de México, los integrantes de la banda operaban desde países como Indonesia, India, Barbados, Paraguay, Japón y Taiwán. Al tratarse de una banda con sede en diversos países y que afectaba a turistas nacionales e internacionales, la investigación del caso la tomaron la FGR y agencias como el FBI.
Miles de turistas fueron víctimas de la llamada "banda de la Riviera Maya", dirigida por Tudor, mediante un modo de operación que consistía en instalar un aparato en cajeros ubicados en hoteles y plazas para copiar los datos de la banda magnética de las tarjetas y grabar el NIP tecleado por los usuarios mediante una cámara oculta.
La organización criminal clonaba alrededor de mil tarjetas al mes y extraía 200 dólares de cada una, lo que dejaba ganancias de 20 millones de dólares mensuales, alrededor de 240 millones de dólares anuales, señala la investigación de MCCI.
Las investigaciones apuntaron contra el empresario Florián Tudor, apodado "El Tiburón". En mayo de 2020, el ciudadano rumano negó mediante una carta tener relación alguna con los criminales y dijo que, desde hace años, se le había intentado vincular con la mafia rumana. Tudor había sido detenido previamente a mediados de 2019 en Quintana Roo y liberado horas después al no encontrar sustento para retenerlo.
"Ese estigma ha servido para desprestigiarme y discriminarme, desde el año 2015 hasta la fecha, por diversos medios informativos, y que a través de estos he sido objeto de varias extorsiones a la fecha (…) Esa mafia de rumanos es el grupo de los hermanos Marcu, a los cuales ya he denunciado anteriormente", se leía en dicha carta.
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Los hermanos Marcu a los que se refería Tudor, eran viejos conocidos suyos que con el paso del tiempo se convirtieron en sus rivales. En una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se menciona que uno de ellos, de nombre Constantin Marcu, fue asesinado en 2018 frente a la casa de Tudor por uno de sus escoltas, quien aseguró haberlo hecho en legítima defensa.
El 27 de mayo de 2021, el ciudadano rumano fue detenido por personal de la FGR, en cumplimiento de una solicitud de detención con fines de extradición formulada por el gobierno de Rumania, por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.
"El Tiburón" permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México, enfrentando tanto procesos judiciales en territorio mexicano como el trámite de extradición a su país de origen.
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A través de su equipo legal ha promovido diversos recursos de amparo y apelaciones con el fin de frenar su entrega a las autoridades rumanas o modificar su medida cautelar, las cuales han sido rechazadas por tribunales federales mexicanos.
La mafia rumana no solo logró extender su influencia criminal en la Riviera Maya, también permeó en el gobierno federal. De acuerdo con una investigación de MCCI, Alejandro Enrique Arcos, señalado como uno de los presuntos operadores financieros de la mafia rumana, se infiltró en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en la gestión de Rafael Marín Mollinedo y lo acompañó en su promoción por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo.
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De acuerdo con la investigación publicada el 10 de agosto y firmada por Iván Alamillo y Verónica Ayala, Arcos Romero fue parte de la ANAM en el periodo de diciembre de 2022 a junio de 2023, cuando era reconocido como particular de Rafael Marín Mollinedo, según funcionarios y expersonal consultado.
Su participación en Aduanas fue confirmada por MCCI mediante un oficio enviado desde la oficina del entonces titular Rafael Marín Mollinedo con copia a Enrique Arcos Romero. El supuesto operador financiero de la mafia rumana se encontraba identificado por las autoridades federales cuando comenzó a laborar en la ANAM.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó en febrero de 2021 las cuentas bancarias de Alejandro Enrique Arcos Romero. Con la "Operación Caribe", la unidad de la Secretaría de Hacienda buscó desmantelar la estructura de la mafia rumana en México en conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con documentos de la UIF a los que accedió MCCI, Arcos Romero era uno de los principales operadores financieros de la mafia rumana en México y estuvo implicado en la constitución de 14 empresas fachada que eran usadas para lavar los recursos de la organización criminal mediante la compra de bienes inmuebles, automóviles y joyas.
El exdirector de la ANAM y aspirante de la candidatura a la coordinación de la 4T en Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, separó de su equipo al militante morenista Arcos Romero, tras la publicación de la investigación periodística que lo identifica como presunto operador de la mafia rumana.
Marín Mollinedo reconoció que Arcos Romero se había acercado a su equipo para apoyar las actividades de la campaña, aunque aseguró que no tenía responsabilidad sobre las acusaciones en su contra. El exfuncionario también pidió que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes.