El gobierno de México oficializó una reducción nominal de 12% en los derechos anuales que pagan las empresas de telecomunicaciones por utilizar distintas bandas del espectro radioeléctrico, además de establecer descuentos de hasta 100% para los concesionarios que asuman compromisos de ampliación de cobertura en zonas geográficas, carreteras y caminos del país.
El decreto, publicado este viernes 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), modifica la Ley Federal de Derechos y entrará en vigor el 1 de enero de 2027, con lo que concluye el proceso legislativo de una reforma que busca reducir uno de los principales costos regulatorios de las redes móviles en México.
La modificación representa un cambio en la política fiscal aplicada al espectro después de casi dos décadas de cuestionamientos de la industria, organismos internacionales y autoridades regulatorias sobre el elevado costo de las frecuencias y sus consecuencias para la inversión, la competencia y la cobertura.
La reducción alcanza las cuotas previstas en las tablas B de los artículos 244, 244-B, 244-E, 244-G, 244-I y 244-J, relacionadas con bandas como 800 MHz, PCS, AWS, 1.4 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz, utilizadas para servicios de telecomunicaciones móviles.
Por ejemplo, en la banda de 2.5 GHz, la cuota anual por Kilohertz para la región integrada por Baja California, Baja California Sur y San Luis Río Colorado, Sonora, disminuirá de 1,953.25 pesos en 2026 a 1,718.86 pesos en 2027.
En las bandas PCS y AWS, las cuotas correspondientes a esa misma región pasarán de 4,764.53 a 4,192.79 pesos por Kilohertz, mientras que en el espectro comprendido en el artículo 244-G disminuirán de 4,772.37 a 4,199.69 pesos.
Sin embargo, la reducción no significa que todos los operadores pagarán exactamente 12% menos por la totalidad de sus frecuencias, pues el efecto dependerá de las bandas concesionadas, la cantidad de espectro y las regiones donde tengan cobertura.
La reforma también modifica el artículo 239 para permitir descuentos de hasta 100% sobre los derechos por el uso del espectro, a cambio de obligaciones de cobertura en zonas geográficas, carreteras y caminos.
El beneficio podrá alcanzar a los pequeños operadores, conforme a las disposiciones aplicables, aunque su otorgamiento no será automático ni necesariamente uniforme para todos los concesionarios.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Hacienda establecerán conjuntamente los descuentos, conforme a las disposiciones generales que publique la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Este mecanismo introduce una diferencia respecto de la reducción general de cuotas, pues vincula el beneficio fiscal con obligaciones específicas de conectividad.
La reforma también establece que durante 2027 no se actualizarán las cuotas correspondientes a los artículos 244-A y 244-H, por lo que los concesionarios sujetos a esas disposiciones pagarán los derechos vigentes de 2026.
Aunque la reforma reduce las cuotas, no necesariamente elimina las diferencias de precios que México mantiene frente a referencias internacionales.
Un ejercicio publicado por El Economista en septiembre, elaborado con la última valoración del espectro del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mostró que una reducción hipotética de 12% en los derechos habría dejado el costo total de las bandas PCS y AWS aproximadamente 90% por encima de la referencia internacional utilizada por el regulador.
En la banda de 2.5 GHz, la diferencia habría rondado 85%, mientras que en 3.5 GHz se habría ubicado cerca de 78 por ciento.
El ejercicio utilizó las valoraciones del IFT correspondientes a 2024, por lo que sus resultados no constituyen una estimación de los precios relativos que prevalecerán en 2027.
La revisión de los derechos también tiene antecedentes fiscales relevantes.
Entre 2019 y 2024, las renuncias de frecuencias realizadas por Telefónica Movistar y AT&T representaron aproximadamente 23,281 millones de pesos en ingresos que Hacienda dejó de recaudar, de acuerdo con un análisis publicado previamente por El Economista.
Estas devoluciones evidenciaron que los elevados costos del espectro también podían afectar los ingresos públicos, cuando las empresas consideraban económicamente inviable conservar determinadas frecuencias.
La GSMA, la OCDE y el extinto IFT habían advertido en distintos momentos sobre la necesidad de revisar el régimen de cobros y sus efectos sobre la inversión y la expansión de las redes móviles.
El decreto también incorpora los artículos 174-M-2 y 174-M-3, que establecen cuotas para autorizaciones relacionadas con la experimentación tecnológica, las pruebas temporales de equipos y el aprovechamiento del espectro en entornos controlados.
La expedición de estas autorizaciones tendrá una cuota de 20,843.65 pesos y su prórroga costará 9,035.16 pesos, conforme a los supuestos establecidos en cada disposición.
Las nuevas reglas también contemplan autorizaciones vinculadas con el acceso dinámico y el uso compartido de frecuencias, modalidades que pueden facilitar el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías inalámbricas.